LEDESMA Y BLAQUIER su historia

Página 12



LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

Historia de sangre






Por Adriana Meyer



Libertador General San Martín sabe de sangre y represión. Esa localidad jujeña es más conocida como Ledesma, tal el nombre del ingenio de los Blaquier, empresa que se transformó en uno de los emblemas de la colaboración civil con la dictadura.



Hace pocos días sus pobladores volvieron a marchar como cada año, a 35 de las Noches de los Apagones, cuando cortaron la luz y la dictadura secuestró a centenares de personas, con el apoyo logístico de los vehículos de Ledesma. Décadas de connivencia e impunidad entre el gigante del azúcar y las fuerzas represivas culminaron ayer en el feroz desalojo, casi como una devolución de favores.



“Corrí hasta mi casa y vi las camionetas de Ledesma actuando con total impunidad, acorralando gente y llevándosela en sus móviles. Luego eran conducidas a la base de Gendarmería que estaba adentro del ingenio”, recordó Ricardo Arédez hace cinco años, en el 30º aniversario de los apagones. Su familia conoció de cerca el poder de los Blaquier cuando su padre, Luis, era el médico del Ingenio y lo cuestionaban por recetar “remedios caros” para los obreros. Años más tarde siguió siendo molesto para los dueños del feudo azucarero cuando, ya como intendente, quiso cobrarles impuestos, algo que jamás había ocurrido. Arédez sufrió dos secuestros pero del segundo nunca volvió, permanece desaparecido desde 1977. Su mujer, Olga Márquez de Arédez, se puso un pañuelo blanco y comenzó a dar vueltas a la plaza del pueblo, exigiendo lo mismo que tantos familiares: aparición con vida y castigo a los culpables.



Lo hizo hasta su muerte, en 2005, por un cáncer de pulmón que probablemente haya sido producido por bagazosis, una enfermedad derivada de la contaminación de bagazo, ese desecho de la caña que la empresa acumula en montañas a cielo abierto e impregna de olor a vómito de bebé las calles de Ledesma. Antes de morir, esa mujer presentó un amparo por la contaminación del ingenio, pero no prosperó.



Los organismos de derechos humanos vienen planteando que llegó la hora de juzgar las responsabilidades civiles del genocidio, en el entendimiento de que hubo una unidad entre el empresariado y los represores porque estos últimos eran los garantes de que el modelo de acumulación permanecería intacto, que no habría molestos delegados obreros haciendo planteos ni leyes que coartaran la libertad de mercado.



Por eso, en un pueblo donde el poderoso Ingenio dominaba (y domina) casi todos los aspectos de la vida cotidiana –al punto de que en el hospital local jamás diagnosticaron un caso de bagazosis y son hostigados los militantes del centro de acción popular que funciona en la casa familiar de los Arédez, saqueada en 2007– parecía natural que durante la última dictadura los gendarmes durmieran en el predio y la represión se hiciera con camionetas que llevaban el logo de Ledesma. Así era en julio de 1976, mes de los apagones, y poco o nada cambió en julio de 2011, donde un grupo de personas sin techo pretendió ocupar 15 de las 40.000 hectáreas de caña de los Blaquier.



El caso de Arédez, como el de las decenas de desaparecidos de Libertador General San Martín y Calilegua, está abierto en los tribunales federales de Jujuy. A principios de abril, HIJOS y un grupo de abogados se presentaron como querellantes por tres casos emblemáticos de los que fueron víctimas trabajadores del ingenio. Una ONG europea argumentó, en las tres causas que investigan delitos cometidos contra 55 personas que trabajaban o vivían en Ledesma, que la empresa azucarera y papelera colaboró con el terrorismo de Estado. Pero la Unidad Fiscal de Seguimiento de los juicios por crímenes de lesa humanidad hizo un duro informe alertando sobre la parálisis de los expedientes jujeños, y nada de esto parece haberles removido el polvo.



Los Blaquier de Ledesma –que no tributaron por décadas, que contaminan Libertador hasta enfermar mortalmente a sus habitantes, que parecen ser inmunes a los boicots contra sus productos organizados por los sindicatos locales, a las intimaciones por salubridad de la Anses, y a los pocos pedidos de explicaciones de la Justicia– todavía no rindieron cuentas ante tribunal alguno. Pero el clamor de que así sea por parte de los sobrevivientes de los apagones, al que se sumará el de los muertos de ayer, aún no calla

Hay que ser oportunista y bien hijo de puta para hacer estas acusaciones sin mencionar siquiera a los complices del genocidio, Los Ledesmas.
Este senador jujeño donde estaba durante la ocupación, que hizo como politico y legislador nacional para proteger a los ocupantes????

Morales dice que la culpa es del Gobierno

El senador por Jujuy y referente de la UCR Gerardo
Morales advirtió que en el violento desalojo en Libertador General San
Martín "hay una responsabilidad inexcusable" de los gobiernos nacional y
provincial. Dijo que si la toma hubiera sido de organizaciones afines
al kirchnerismo, no hubiese habido represión.
Denunció
además que si el mandatario Walter Barrionuevo no fuera kirchneristas,
la Nación "le hubiera echado la culpa inmediatamente". Y añadió que "acá
en Jujuy, la Tupac toma tierras y los gobiernos nacional o provincial
salen por atrás a comprarlas o expropiarlas. Si esto ocurre con
organizaciones no afines al gobierno, como en el caso de la CCC, se dan
estas situaciones".
"El Gobierno nacional se llena la boca hablando del crecimiento pero
sigue habiendo bolsones de pobreza. Las personas que han muerto ayer
son chicos, jóvenes, pertenecientes a familias que son del propio
Libertador General San Martín que no tienen a dónde ir a vivir",
resaltó.
En su criterio, “lo imputable al Gobierno nacional es que no puede
ser que sigan con esta lógica confrontativa de partir a la sociedad
argentina en dos: acá hay organizaciones sociales a las que se les
aplica la ley, como corresponde, pero hay otras organizaciones que gozan
de una gran impunidad, que hacen lo que quieren, que rompen todo",
fustigó.

Martuchi:



¿¿¿Yo me pregunto, porqué esté h de p de Morales, que tuvo su ocasión mediática, y se supone representa a todo el pueblo jujeño, qué ha hecho hasta ahora por defender a los pobladores de Libertador, y buscar la solución definitiva a la tiranía de los Ledesma???

Hoy escuché por radio al Intendente de Libertador, en una conversación con Victor Hugo Morales, y es, dentro de la tragedia, muy elogiable la tarea y defensa que de su pueblo ha hecho y sigue haciendo por su gente.

Y éste senador, nunca pudo hablar ni decir nada de lo que sucede en su Provincia???



Es indignante!!! Y se atreve a echar la culpa a otros de su propio egoísmo e inoperancia. ¡¡¡Qué cómodo es hablar desde Bs.As.



Saludos:flower:

Martu escribió:

Hay que ser oportunista y bien hijo de puta para hacer estas acusaciones sin mencionar siquiera a los complices del genocidio, Los Ledesmas.
Este senador jujeño donde estaba durante la ocupación, que hizo como politico y legislador nacional para proteger a los ocupantes????

Marian escribió:


Y éste senador, nunca pudo hablar ni decir nada de lo que sucede en su Provincia???
Es indignante!!! Y se atreve a echar la culpa a otros de su propio egoísmo e inoperancia. ¡¡¡Qué cómodo es hablar desde Bs.As.

Chicas: No se olviden de qué pasta está hecho este personaje. Con todo lo que, hasta el momento viene demostrando, tiene en su haber las suficientes acciones como para que no nos extrañemos de nada. No me olvido todo lo que se tuvo que comer de su parte, la mujer que lo dio todo por sus hermanos: Milagro Salas ¿se acuerdan?, pero no se le achicó y "lo despanzurró" públicamente. Es un tipo tan inútil como nefasto.

Luego del sepelio de las cuatro personas que fallecieron tras la represión en Libertador General San Martín, la Corriente Clasista Combativa (CCC) local acusó a vigiladores del ingenio azucarero Ledesma de haber usado armas contra la multitud. "Las balas que mataron a estas personas, incluido al policía, salió del lado de la empresa", denunció el dirigente Enrique Mosquera. La abogada de la agrupación afirmó que "se están juntando pruebas porque nos vamos a presentar como querellantes adhesivo en la causa". En tanto, varias familias continúan con la toma del predio propiedad de la empresa y el juez que ordenó el desalojo pidió retomar la causa
http://www.columnasdesaladillo.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=6343:represion-y-muerte-en-jujuy-con-la-mira-en-los-guardias-de-seguridad-privada&catid=58:portada#.TjSkGIFvNLU.twitter

comparto una nota q hizo carolina moises,diputada provincial de la provincia de jujuy...se q es larga,pero tomense unos minutos y leanla completa,es muy buena!!



Jujuy: Como un reclamo justo termina en cuatro muertes

El dolor y la impotencia que se siente en días como hoy son indescriptibles. La sentimos todos y no podemos entender cómo llegamos a este estado. Demasiadas preguntas debemos hacernos los jujeños. No podemos evadir más esas respuestas. Necesitamos mirar profundamente dentro de cada uno de nosotros. Y observar, con ojos sinceros y críticos, el cuerpo social al que pertenecemos. Tenemos miedo de hablar en público lo que la mayoría piensa y dice en privado.

Todo esto podría haberse evitado si las Instituciones funcionaran como corresponde. La impunidad con la que se manejan todos; funcionarios, jueces, dirigentes sociales, etc., es fruto de la complicidad de los más importantes actores institucionales. Con una visión mezquina y sectaria, un minúsculo grupo de dirigentes concentra la totalidad del poder, desde donde modela y condiciona el andamiaje político e institucional de la Provincia.

Los ejes desde donde podemos tratar de analizar este difícil momento son: la conducción del Ejecutivo provincial concentrada en cinco personas; la debilidad institucional de los poderes del Estado provincial; el rol del poder corporativo económico; y la actuación de las Organizaciones sociales.

La incapacidad de un Gobierno de resolver los problemas prioritarios, a saber, en este caso: viviendas, ordenamiento territorial, conflictividad social, seguridad y orden público. Un Gobierno mediocre, que con la gestión mínima se conforma; que no recorre el interior de la Provincia, encerrado en sus despachos; que silencia la opinión pública a través del condicionamiento de los medios de comunicación; que es virtualmente conducido por un cuerpo colegiado. La debilidad de un Gobernador que debe consultar todas sus decisiones con la “mesa de los cinco”; con un gabinete donde la mayoría de los funcionarios fueron impuestos; a aquellos que no están a la altura del cargo, se los sostiene con fuerza; y a los que realmente tienen una visión superadora y una gestión exitosa en sus áreas, no hay que “dejarlos crecer”. Y, a pesar de disponer de todas las herramientas que el Gobierno Nacional ofrece, no ha sabido aprovecharlas para mejorar la calidad de vida del interior de la Provincia.

El desorden dentro de todos los poderes del Estado, que permite que los funcionarios deslinden permanentemente sus responsabilidades. Entonces hoy, en la gravedad de los hechos ocurridos, los que tienen que responder por sus actos y facultades no pueden ser individualizados concretamente. El Intendente, que no pudo llegar a un consenso con los ocupantes del predio. Los Jueces actuantes, el que dio la orden sin medir las consecuencias y la subrogante que no estaba informada del operativo. La Policía de la Provincia, por no cumplir con la cadena de mando consultando a los responsables políticos de la cartera, y por el desborde del enfrentamiento. El Ministro de Gobierno y Justicia, que no pudo manejar la fuerza pública bajo su mando, peor aun si fue él quien dio la orden de actuar. El sistema judicial, deficitario e ineficiente en su estructura institucional, designación de jueces y de personal, además de la falta de independencia. El Gobernador, por su desconexión con la realidad y en la falta de control sobre los organismos del Estado a su cargo. La organización social, por la metodología violenta con que expresa sus reclamos. El ex intendente y Diputado Nacional Marcelo Llanos, quien conociendo la realidad urbanística de la Ciudad de Libertador General San Martin, no hizo nada por resolver la problemática del crecimiento poblacional y la falta de viviendas.

El poder corporativo de algunas empresas o grupos económicos, que en sus actividades solo piensan en intereses materiales, sin importarles su responsabilidad social como parte de Jujuy. En este caso en particular, como ejemplo, una pequeña porción de tierras no vale la vida de ciudadanos jujeños. La Empresa Ledesma S.A. prefirió la vía judicial antes que buscar una solución por la vía del dialogo.

El crecimiento desmedido de la fuerza de presión de las Organizaciones Sociales, con una capacidad de movilización que puede, en menos de 6 horas, cortar las rutas de Jujuy, todos los puentes de la Ciudad Capital y movilizar a mas de 5 mil personas, por un reclamo. La toma de tierras permanente en todo el ramal jujeño, sin ningún tipo de límites en sus metodologías; donde en la reivindicación de un derecho social inalienable como el de tener una vivienda digna por parte de la gente, los dirigentes manipulan muchas veces dicha necesidad generando actos delictivos. La amenaza permanente que atenta contra la paz social, donde chocan los derechos de los diferentes actores que debieran convivir respetuosamente, sin avasallar los derechos individuales de todos los ciudadanos.

Estos muertos son muertos políticos. Son el resultado de la debilidad del Estado y de las instituciones públicas de la democracia, en Jujuy.


Hay pasividad en los dirigentes de la oposición

La oposición puede decir que no aumenta su exposición con respecto a la grave situación vivida, para que no los tilden de oportunistas, o de aprovechar el momento politizándolo. Pero TODA la situación está politizada desde su inicio. El sangriento enfrentamiento y la muerte de cuatro personas es el hecho más doloroso vivido en los últimos años de nuestra historia. Y es el hecho político más relevante, sobre el cual es imprescindible llegar hasta el fondo de las investigaciones para encontrar a los culpables e identificar a los responsables políticos e institucionales.

Hay una connivencia desde el año 2000, entre los dos partidos mayoritarios, PJ y UCR, que se ha evidenciado en varias oportunidades. En ese vínculo está la clave de la impunidad, la desidia, la falta de control, las complicidades legislativas, y la concentración de poder en Jujuy.

Esa concentración provoco la desaparición de la mayoría de los Partidos Políticos chicos, y la debilidad de los pocos que aun tienen vigencia. En ese marco, la participación política contenida por los partidos como actores fundamentales de la democracia, se ha visto totalmente anulada. Por lo que las demandas sociales insatisfechas, en vez de ser canalizadas institucionalmente por los partidos, cumpliendo con una de sus funciones propias; estas se han trasladado a las organizaciones sociales, transformadas en portavoces de las necesidades de la gente y gestoras de las soluciones.

Gerardo Morales, cuando fue agredido en el 2010, utilizo su exposición pública y llegada a los medios masivos de comunicación nacionales, para denunciar el acto de violencia contra su persona por parte de la Organización Túpac Amaru.

En esta instancia, donde murieron cuatro jujeños en un enfrentamiento con la Policía de la Provincia de Jujuy, no lo vimos al Senador en ningún canal nacional denunciando y expresando su repudio sobre el hecho. La pregunta es: ¿Vale más la integridad física del Senador Gerardo Morales que la vida de cuatro personas? ¿Hizo tanto ruido antes, porque la Organización a la que el denunciaba, es de corte kirchnerista; y en esta instancia, la Organización social que está involucrada en este hecho es opositora, como él?

¿Sera porque él estaba al tanto de la resolución tomada por el Juez Samman? Un juez de expreso y probado vinculo con la Unión Cívica Radical; el cual debe haberlo consultado antes de tomar la decisión. Un Juez que habitualmente, desde el año 2000, meses previos a las elecciones toma medidas de alto impacto político, afectando abiertamente desde sus facultades, al Justicialismo jujeño. Un Juez, que con total desidia, deja la orden de desalojo firmada y se va de vacaciones.

O será que los intereses y sociedades políticas del Senador radical se verían afectados severamente si asumiera el rol que le toca como mayor exponente del arco político opositor, liderando el proceso de esclarecimiento de estos hechos.



El Gobierno Nacional no tiene ninguna responsabilidad en estos hechos.

En primer lugar, porque ha sido un problema netamente local, donde todas las instituciones involucradas, que no funcionaron para resolverlo pacíficamente, son de orden Provincial. En ningún aspecto del caso hay responsabilidad de organismos del Estado Nacional.

En segundo lugar, a pesar de la filiación política afín entre el Gobierno Nacional y Provincial, no se puede hacer cargo a las autoridades nacionales de los errores y faltas de las autoridades provinciales, aunque formen parte del mismo partido político.

En tercer lugar, la inversión realizada por el Gobierno Nacional en la Provincia de Jujuy fue la más importante, en términos cuantitativos y cualitativos, en nuestra historia. En todos los órdenes de políticas públicas, se han aplicado la mayoría de los Programas y Planes Nacionales, con un altísimo impacto en la mejora de la calidad de vida de nuestros habitantes. Por supuesto, que no se ha resuelto aun todas las problemáticas pero el esfuerzo realizado hasta hoy es realmente considerable. Especialmente, si lo medimos en términos comparativos con anteriores gobiernos constitucionales, desde el año 2003, se aplicaron programas de construcción de viviendas e infraestructura urbana, de mejoramiento habitacional, de participación de los actores sociales y búsquedas de consensos, de inclusión social, y de distribución directa de recursos para eliminar los bolsones de pobreza en la Argentina.

En cuarto lugar, la política de no represión sostenida desde el Gobierno Nacional es uno de los objetivos principales para la pacificación social de los argentinos. Dado que las muertes provocadas en este incidente involucraron armas de fuego, es necesario destacar que existe una campaña del Gobierno Nacional con el objetivo del “desarme” paulatino de los ciudadanos, a través del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que se está desarrollando en la Provincia de Jujuy desde el año 2008, por el que se destruyeron más de 107 mil armas en todo el país, en su primera etapa. Desde el RENAR se continúa aplicando la ley 26216 de manera exitosa, sin que el Gobierno de la Provincia se haya involucrado en esta importante medida nacional. De hecho, es una de las pocas Provincias que no ha adherido a la Ley Nacional, que mas allá de ser de orden público, con el impulso político que podrían haberles dado los funcionarios provinciales, el resultado hubiera sido de mucho mayor impacto. Esta es una de las muestras de que el Gobierno Nacional brega permanentemente por la paz social. El objeto fundamental de esta política es sacar de circulación las armas, legales e ilegales, en propiedad de los ciudadanos, por medio de un incentivo económico a cambio de la entrega para su destrucción.

La tenencia de armas por parte de integrantes de diferentes Organizaciones Sociales debe ser investigada a fondo, para evitar conflictos que terminen en la muerte de civiles y policías. El Estado Provincial es el único responsable de realizar esta tarea, desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Judicial.



Jujuy está de duelo

El dolor que sentimos debe unirnos. Estas muertes fueron evitables. Y la indignación e impotencia que nos embarga, debe ser transformada en energía para cambiar esta realidad. Hoy, más que nunca, los jujeños necesitamos asumir una posición más interpeladora y crítica, frente a este horror. Hay muchos responsables, y cada uno deberá responder por sus actos y por sus omisiones. No se puede tolerar más las “sociedades políticas” de encumbrados dirigentes jujeños, que generaron con sus actitudes sectarias y soberbias, el escenario que permitió este enfrentamiento entre hermanos. No se le puede echar la culpa a otros.
31 de julio de 2011
Licenciada Carolina Moisés
Diputada Provincial por Jujuy
http://www.carolinamoises.com.ar

Nelly Arrieta de Blaquier, esposa de Carlos Pedro Blaquier, presidente de la empresa Ledesma, señalada como responsable por los sucesos en Jujuy, fue designada por la gestión de Mauricio Macri, el 18 de diciembre de 2009, embajadora cultural de Buenos Aires.
El argumento para nombrar a Nelly Arrieta de Blaquier fue, según el Gobierno de Macri “por su entrega y compromiso en favor del país”.
http://www.diarioregistrado.com/Politica-nota-51625-Los-vinculos-de-la-familia-Blaquie.html



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