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por Isabelita Lun Ago 01, 2011 6:56 pm

Lunes, 01 de agosto de 2011. (Hora: 17.40 y la información siguiente: 18.06 hs.).-

› LA CIUDAD RECARGADA

La Justicia ordenó continuar la investigación por la ocupación del Indoamericano.

En primera instancia, la jueza María Cristina Nazar había cerrado la causa por considerar que la toma del parque de Villa Soldati no constituía un delito porque primaba una cuestión social, fallo que el PRO repudio en bloque. Ahora, la Sala I de la Cámara Penal de la Ciudad solicitó que se reabra la causa porque "en la gran mayoría de los procesos subyace una cuestión social" y puede "agravar o atenuar el reproche penal", pero "resulta insuficiente (...) para agotar la investigación".

La decisión la tomó la Sala I de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas porteña al rechazar el fallo de primer instancia sobre la "inexistencia del delito de usurpación" de un sector del Parque Indoamericano, por lo que se había descartado el "pedido de allanamiento y detención" de los presuntos organizadores de la ocupación, solicitado por los fiscales Claudia Barcia y Luis Cevasco.

En la resolución, los jueces Marcelo Vázquez, Elizabeth Marum y Sergio Delgado, sostienen que "en la gran mayoría de los procesos subyace una cuestión social que puede justificar, agravar o atenuar el reproche penal", pero que "resulta insuficiente la invocación a la situación de pobreza para agotar la investigación" sobre las responsabilidades de lo sucedido en diciembre.

Para los magistrados, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), "la ocupación por parte de quienes allí se instalaron con el objeto de permanecer en el lugar, limitó a los restantes miembros de la comunidad del uso y goce de dicho bien y despojó a la sociedad en su conjunto, representada por el Estado y la Corporación Sur (sociedad del Estado), de la posesión".

Además, los magistrados retomaron la óptica delictiva al resaltar que en la instancia en que se encuentra el proceso está acreditada la comisión del delito de usurpación, ya que "el predio fue ocupado clandestinamente, despojando a sus titulares de la posibilidad de ejercer cualquier derecho sobre el mismo".

De esta manera, la Sala I consideró que "corresponde continuar con la investigación de los hechos determinados por el Ministerio Público Fiscal, sin que ello implique emitir opinión sobre la eventual vinculación de los imputados con éstos".

Por lo tanto, la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Nº 26, María Cristina Nazar, deberá continuar el trámite de la causa.

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Lunes, 01 de agosto de 2011. Hora:18.06 - Página 12.-
18:06 › VOCES DE ULTRATUMBA

Más pistas para investigar la adjudicación de Papel Prensa.

El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, pidió al juez federal Daniel Rafecas que cite a declarar a la periodista Graciela Mochkofsky, autora del libro Pecado Original, y solicite las grabaciones de las entrevistas que mantuvo con el ex secretario general de la Presidencia durante la dictadura, José Rogelio Villarreal, y con Patricio Peralta Ramos, ex director de La Razón. En las grabaciones se revela que fue decisión de la Junta Militar asociarse a Clarín, La Nación y La Razón para controlar Papel Prensa, en perjuicio de la familia Graiver.

En el libro Pecado Original. Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder, la periodista cuenta cuando Villarreal le confirmó que la Junta Militar decidió que fueran Clarín, La Nación y La Razón quienes se apoderaran de la empresa Papel Prensa. Las entrevistas fueron grabadas en abril de 1998 y en mayo de 2002.

Las palabras de Villareal fueron confirmadas, en 2002, por el propio Peralta Ramos, quien manifestó que la dictadura planteó a los tres diarios que abandonaran su proyecto de constituir la firma Fapel y tomaran a su cargo Papel Prensa.

Duhalde señaló que "tales afirmaciones confirman lo sostenido por la querella (integrada por la Secretaria de Derechos Humanos), en relación a la conexión existente entre Clarín, La Nación y la dictadura cívico-militar" para "desapoderar ilegítimamente al Grupo Graiver de su empresa, usando amenazas extorsivas, secuestros y torturas que en un caso produjeron la muerte de una de las víctimas".

El escrito, patrocinado por el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén, solicita al juez Rafecas que proceda de manera urgente, y que una vez obtenidas las cintas cite a prestar declaración indagatoria a quienes han sido imputados por la apropiación ilícita de Papel Prensa.

Los imputados son Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos, Hugo Fernando Peralta Ramos y Reynaldo Gregorio Bandini, además de Videla, Martínez de Hoz y Podestá.